El presidente saliente del país está determinado a arrasar con el sistema judicial mexicano. Su ataque al Estado de Derecho es aún más preocupante de lo que se piensa.
Por Amrit Singh y Gianmarco Coronado Graci
Septiembre 2024
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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a sólo dos semanas de concluir su cargo, promulgó una serie de reformas constitucionales que destituirán a casi siete mil jueces estatales y federales y los sustituirán por otros elegidos popularmente. Las reformas aprobadas el 15 de septiembre — justo antes de que su protegida, Claudia Sheinbaum, tome el mando — constituyen último esfuerzo en su largo plan para socavar la democracia en México.
Este no fue el primer intento de AMLO por minar los pesos y contrapesos en México, o siquiera el segundo. En 2022, el presidente López Obrador propuso el “Plan A”, una reforma constitucional para socavar al Instituto Nacional Electoral (INE), el prestigioso órgano independiente responsable de supervisar las elecciones. Los contrapesos democráticos prevalecieron: La propuesta no obtuvo la mayoría calificada en el Senado. Así que López Obrador puso en marcha el “Plan B” en 2023, que reduciría drásticamente el personal del INE y daría al poder ejecutivo el control sobre su presupuesto y funcionamiento. El Plan B fracasó después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la legislación por violaciones al proceso legislativo. AMLO, sin embargo, no aceptó un “no” como respuesta. A principios de 2024 anunció el “Plan C” para reformar al poder judicial y elegir por votación popular a todos los jueces de los tribunales estatales y federales, incluida la Suprema Corte.
El partido gobernante de AMLO, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), impuso el Plan C en el Congreso sin deliberación y adoptó las reformas constitucionales en sólo ocho días. Cincuenta y cinco mil trabajadores del poder judicial federal se declararon en huelga, el peso se desplomó y las protestas sacudieron el país durante semanas (los manifestantes incluso irrumpieron en el Senado) en respuesta al intento de destrucción del sistema judicial. Una vez más, los contrapesos democráticos se activaron para detener a AMLO: Tres tribunales federales emitieron suspensiones para impedir que el Congreso y el presidente promulgaran las reformas, pero fue en vano. En una señal ominosa para el Estado de Derecho, el Congreso y López Obrador desacataron las tres suspensiones.
Aún más preocupante que la aplanadora del Plan C a través del Congreso es su sustancia. AMLO afirma que reducirá la corrupción y la impunidad, pero en realidad las reformas sólo exacerbarán esos problemas. Sustituir a todos los jueces estatales y federales en funciones por otros elegidos por voto popular incentivará a los jueces a decidir los casos basándose en la popularidad y las influencias políticas, en lugar de la ley y los hechos de cada caso.
López Obrador justificó su propuesta comparándola con los Estados Unidos, en donde algunos estados eligen a sus jueces por voto popular. Sin embargo, a diferencia de su plan, que elegiría a todos los jueces estatales y federales, los jueces federales estadounidenses no son elegidos, sino nombrados por el presidente con la supervisión y el consentimiento del Senado. Además, la experiencia estadounidense de elección popular de jueces estatales demuestra que las elecciones judiciales predisponen a los jueces a decidir casos en favor de sus donantes. En México, donde el crimen organizado ya controla gran parte del país, las reformas harían al poder judicial aún más vulnerable a la captura por parte de esos intereses — las campañas electorales judiciales en búsqueda de fondos podrían verse influenciadas por ofertas de grupos del crimen organizado. Aunque las reformas prohíben el financiamiento público o privado de las campañas, será difícil rastrear las donaciones en efectivo que no se divulguen. Además, la cercanía de la reelección incrementa la probabilidad de que los jueces impongan penas más severas a las personas acusadas de delitos graves, ya que las sentencias más severas suelen gozar de mayores niveles de aprobación pública.
El proceso de selección de los candidatos judiciales también se politizará. Las reformas exigen que los candidatos deben ser preseleccionados por tres comités, uno por cada rama del gobierno. Los candidatos finales serán seleccionados por insaculación de cada una de las listas. Dado que Morena controla tanto el ejecutivo como el legislativo, es probable que el partido favorezca su propia lista de candidatos, lo que resultará en un poder judicial incapaz o reacio a frenar los abusos de poder del gobierno.
En Bolivia, el único otro país que elige a los jueces federales, incluida la Suprema Corte, el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ha utilizado su mayoría calificada en el Congreso para sesgar la lista de candidatos judiciales a su favor. Tan politizados están los tribunales que, en 2017, el Tribunal Constitucional respaldó la campaña abiertamente inconstitucional de Evo Morales para contender por un cuarto mandato presidencial y anuló los resultados de un referéndum sobre el tema. Las elecciones judiciales han dado lugar a un alto porcentaje de votos nulos y en blanco, lo que refleja la desconfianza pública en el poder judicial y la falta de información sobre los candidatos judiciales.
La elección de jueces producirá en México un poder judicial más politizado y menos calificado que dificultará aún más el acceso a la justicia de los mexicanos. Esto es especialmente cierto en el caso de la judicatura federal, que antes de la reforma seleccionaba a sus candidatos mediante exámenes de oposición, formación y evaluación por parte del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano administrativo y de disciplina que se eliminará con las reformas. México no exige a los abogados aprobar un examen para ejercer la profesión. Con las reformas judiciales, a los candidatos sólo se les exigirá contar con licenciatura en derecho, buenas calificaciones y cartas de recomendación de sus vecinos. Los magistrados de circuito sólo necesitarán tres años de experiencia jurídica, mientras que los jueces de distrito no necesitarán experiencia alguna.
Para empeorar las cosas, las reformas crean un Tribunal de Disciplina Judicial cuyos miembros serán elegidos por voto popular durante el mismo ciclo electoral de seis años que el presidente, y cuyas decisiones serán inapelables. Esto hace que la supervisión judicial sea susceptible a la influencia política e incapaz de garantizar la imparcialidad e independencia de los jueces. El tribunal bien podría convertirse en una herramienta para tomar represalias contra los jueces que emitan fallos desfavorables a los intereses del gobierno. Además, las reformas vinculan los salarios de los jueces a la remuneración del presidente, lo que permite al poder ejecutivo controlar los sueldos judiciales y socavar la autonomía financiera del poder judicial.
Además, las reformas contravienen las obligaciones internacionales del país. México ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos tratados obligan a México a proteger el derecho de toda persona a un juicio justo ante un tribunal “competente, independiente e imparcial.” México también está obligado por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha determinado que los Estados deben garantizar la independencia de todos los jueces, especialmente de los encargados de interpretar la constitución. Estas garantías incluyen procesos de nombramiento adecuados, un mandato fijo y protección frente a presiones externas para que los jueces puedan tomar decisiones de forma imparcial, sin influencias indebidas ni miedo a represalias; en esencia, todo lo que el Plan C elimina.
Las reformas además violan el derecho internacional al introducir la figura de “jueces sin rostro” para casos de delincuencia organizada. Supuestamente diseñados para proteger a los jueces de amenazas manteniendo su identidad en anonimato, en realidad esta práctica impedirá que los acusados puedan evaluar si los jueces “sin rostro” son competentes, independientes e imparciales, o si existen conflictos de interés que justifiquen su recusación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido anteriormente que esta práctica viola los derechos de los acusados a un juicio justo y al debido proceso.
Un poder judicial independiente capaz de frenar el abuso de poder gubernamental es crucial para la preservación de la democracia. Conscientes de ello, los líderes autoritarios de todo el mundo intentan sistemáticamente destruir los poderes judiciales que se interponen en su camino. La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por los aliados del presidente Nayib Bukele, destituyó y sustituyó sumariamente a todos los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en mayo de 2021, alegando que habían actuado de forma inconstitucional al fallar en contra de la gestión gubernamental respecto de la pandemia de covid-19. En Hungría, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán obligó a cientos de jueces a jubilarse anticipadamente al promulgar en 2011 una ley que reducía la edad de jubilación obligatoria, y luego cubrió las vacantes resultantes con candidatos afines. En Turquía, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan destituyó a miles de jueces tras el fallido golpe de Estado en 2016.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha puesto en jaque a AMLO. Además de declarar inconstitucional el Plan B, invalidó el intento del presidente López Obrador de poner a los militares a cargo de la Guardia Nacional bajo un mando civil. Sostuvo que el gobierno no puede simplemente decretar que los proyectos de obras públicas son asuntos de “seguridad nacional” exentos de permisos y de transparencia pública. Y liberó al distinguido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la parálisis operativa después de que los legisladores de Morena se negaran a nombrar nuevos comisionados.
AMLO, no obstante, está resuelto a acabar con el poder judicial. Por eso está tan decidido a aniquilarlo en el último momento, junto con otros órganos independientes que han tratado de limitar sus excesos autoritarios. De hecho, las reformas no pretenden en absoluto mejorar la justicia, sino vengarse de una Corte que se atrevió a desafiar al presidente, y eliminar los contrapesos vitales que protegen a la democracia. Al eliminar estas salvaguardas, López Obrador está erosionando los cimientos mismos del Estado de Derecho y poniendo en peligro el futuro de la justicia para todos.
Amrit Singh es profesora de la Facultad de Derecho de Stanford y directora ejecutiva del Rule of Law Impact Lab. Gianmarco Coronado Graci es candidato a Máster en Políticas Públicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Stanford y becario Knight-Hennessy.
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Image credit: Santiago Reyes/ObturadorMX/Getty Images
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